Inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
A partir del 9 de marzo, será de plena aplicación la Ley de 9/2017 de 8 de noviembre que implica una transposición a nuestro ordenamiento jurídico de determinadas directivas europeas que suponen de facto, una verdadera evolución de nuestra normativa.
La Ley contempla como nuevos criterios los que afectan a la rentabilidad, la relación calidad precios, todo ello bajo un paraguas que promueve una mayor protección de la transparencia, la reducción de las trabas habituales para las Pymes y Micropymes, la lucha efectiva contra la corrupción y un mayor carácter social.
Se reducen una gran cantidad de trabas burocráticas, con una clara orientación hacia un modelo único y eficaz de “declaración responsable” como medio de acreditación de solvencia y habilitación.
Se modifica la tendencia de unificación de los lotes por la diversificación de los mismos, lo que aporta una nueva garantía para el fomento de la participación de las Pymes y, en general, de los emprendedores españoles que podrán dirigir su ingenio y esfuerzo hacia un sector que representa, nada menos, que el 20% del PIB español, o dicho de otra manera, un mercado que supera los 200.000 millones de euros.
